Durante la audiencia, celebrada este 24 de octubre, organizaciones de sociedad civil expresaron su preocupacion ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por el retroceso acelerado de la libertad de expresión y de pensamiento, marcado especialmente por actos de hostigamiento, intimidaciones y agresiones en contra de periodistas y medios de comunicación independientes por parte del Gobierno de Alejandro Giammattei.
Las organizaciones peticionarias expusieron en la Audiencia Temática que tuvo lugar durante el 185 período de sesiones de la CIDH, las acciones legislativas del Congreso de la República, que suponen retrocesos para las libertades de pensamiento y de expresión, y la disminusción de garantías para el ejercicio periodistico.
Las peticionarias dijeron a las y los comisionados que el decreto 39-2022, Ley de Prevención y Protección de la Coberdelincuencia, fue creada como “una herramienta legal para coartar la libertad de expresión”, al darle poder al Ministerio Público para perseguir penalmente a personas indivudales o grupos que difundan por cualquier vía información considerada “confidencial”. Esta situación, advirtieron, promueve la censura y la criminalización contra las voces críticas que ejerciten su derecho a la fiscalización y a periodistas o medios de comunicación que realicen investigacines en contra de funcionarios públicos.
En el caso de la iniciativa de ley 6076, Ley para el Fortalecimiento de Seguridad Pública y del Ejército de Guatemala, expresaron su preocupación porque esta le otorgaría poder legal a la Policía Nacional Civil y al Ejército “para hacer uso de la fuerza frente a toda resistencia pasiva o activa que se niegue a obedecer sus órdenes”. También enfatizaron que autorizar la participacion del Ejército en tareas de seguridad ciudadana supone una amenaza para el derecho de protesta y de libertad de expresión de la ciudadanía.
Se refirieron al Convenio de Cooperacion Interinstitucional suscrito entre el Ministerio de la Defensa y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para la transferencia de información, datos y documentos. El riesgo de este convenio “radica en permitir que el Ejército de Guatemala, que por mandato constitucional es apolítico, tenga acceso a la información electoral y sea utilizado para reprimir las elecciones bajo el supuesto de estar asegurando el orden público, vulnerando así el ejercicio democrático de la sociedad civil”, según las organizaciones.
Las organizaciones alertaron sobre el acoso y la ausencia de garantias para el ejercicio periodístico, situación que ha llevado a seis periodistas a salir del país. Ademas, dijeron que estos hechos perjudican a trabajadores clave para el funcionamiento de los medios, como ocurrió a la directora financiera de El Periódico, Flora Ramos, actualmente en prisión.
Asimismo, señalaron la gravedad de la situación porque personal del Ministerio Público y del Organismo Judicial estarían involucrados directamente en los hechos de criminalización contra periodistas, porque se ha visto con preocupación que órdenes de aprehensión aparecen en redes sociales, incluso en casos bajo reseva, antes de que las víctimas sean notificadas, como ocurrió en el caso de Juan Luis Font, actualmente fuera de Guatemala,
También recordaron la “notoria violación de garantías” contra el periodista José Rubén Zamora, detenido desde el 29 de julio de este año, y contra la comunicadora Anastasia Mejía Tiriquiz, quien fue escuchada en audiencia 35 días después de lo establecido en la Constitución, luego de su detención en septiembre de 2020.
Durante la audiencia también se denunció el acoso y las agresiones en contra de quienes hacen la labor investigativa y de difusión de información reacionada con las operaciones ilegales de la Corodinadora de Comunidades Afectadas por la Transportadora de Energía Eléctrica de Centroamérica Sociedad Anónima (TRECSA).
En ese caso, puntualizaron sobre la criminalización contra cinco personas comunicadoras, a través de una denuncia judicial, robo de un vehículo y el intento de asesinato de una persona en 2021, así como intervención de dispositivos celulares, pérdidas de información y represalias en su contra al hacer las denuncias por estos hechos ante las autoridades competentes.
Los peticionarios denunciaron las violaciones al debido proceso y la situación grave de José Rubén Zamora, presidente de elPeriódico, detenido desde hace 85 días en aislamiento solitario, quien ha sido hostigado con técnicas psicológicas, introducción de chinches, cortes de agua y revisiones innecesarias con guardias y perros agresivos en su celda, así como la negación de información, la persecusión y hostigamiento a los abogados para obstruir su derecho defensa.
Además, adviertieron sobre los ataques a elPeriódico a través de netcenter quienes hacen uso de información bajo reserva a la que solo el Ministerio Público y el Estado tienen acceso, así como el bloqueo de tres cuentas bancarias del medio, pese a que un juez levantó su embargo.
Las peticionarias concluyeron que el Estado guatemalteco ha dejado de cumplir por acción u omisión con su deber de respetar, proteger y garantizar el ejercicio del derecho de libertad de expresión, situación que alienta las violaciones y abusos por parte de actores estatales y no estatales.
Por lo que solicitaron a la CIDH que exhorte al Estado para que:
1. Revise a la luz de los estándares interamericanos de derechos humanos el marco normativo vigente y en proceso de aprobación, derogando todas aquellas disposiciones que puedan atentar contra la libertad de pensamiento y expresión; o bien limitar, restringir y criminalizar la labor de periodistas, comunicadores sociales y comunitarios; y de personas y colectivos que defienden derechos. La normativa guatemalteca no debe abonar a la discrecionalidad ni afianzar el uso arbitrario del poder limitando las libertades de pensamiento, de expresión, de asociación y de manifestación; ni impedir el ejercicio libre del periodismo y la defensa de los derechos humanos.
2. Cumpla con su deber de garantía de ejercicio de la libertad de expresión de periodistas, comunicadores comunitarios, medios independientes y personas que defienden derechos; para que puedan realizar su labor de manera segura y libre; y que se abstenga de cometer, alentar o permitir agresiones contra éstos, así como de utilizar métodos autoritarios de control y censura en su contra.
3. Asuma acciones concretas para poner fin a la impunidad en ataques contra periodistas, comunicadores y personas que defienden derechos; asegurando la realización de investigaciones inmediatas y eficaces de toda agresión contra ellas. El fin de la impunidad es una de las garantías indispensables para que estas personas realicen su labor y no se vean obligadas a abandonar el país, por considerar que no cuentan con las garantías necesarias para el ejercicio del periodismo y la defensa de derechos en condiciones seguras.
4. Cese la criminalización y la persecución judicial contra la prensa, periodistas, comunicadoras y comunicadores críticos. En especial, que se considere, a la luz de las garantías de la Constitución y los estándares internacionales, la liberación inmediata del periodista José Rubén Zamora, presidente del Consejo editorial de El Periódico y que se detengan el hostigamiento judicial y el ahogamiento financiero de las cuentas de éste y cualquier otro medio de prensa independiente en el país.
5. Cumpla con el deber de reparación de las violaciones de las garantías judiciales de periodistas y comunicadores criminalizados por parte del Ministerio Público y el Organismo Judicial en los casos que aquí se han citado y en cualquier otro en el que se haya seguido el mismo patrón de criminalización.
6. Diseñe e implemente en conjunto con la sociedad civil y con la participación de comunicadores, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, un Sistema Integral de Protección que prevenga y responda a las agresiones, las amenazas, la estigmatización y cualquier otra condición de violencia estructural que experimenten quienes ejercen el derecho humano a la libertad de expresión.
En septiembre pasado la Relatoría para la Libertad de Expresión solicitó al Estado de Guatemala una visita de trabajo para constatar la situación de José Rubén Zamora, sin recibir respuesta. Esta mañana, durante la Audicencia, se reiteró la posibilidad de realizar una visita in situ para documentar la situación en Guatemala, en especial el caso de Zamora. Asimismo, la CIDH ofreció su intermediación para reestablecer un canal de diálogo entre la sociedad civil y el Estado guatemalteco con el fin de desahogar los puntos que se vertieron durante la audiencia.
