El próximo 16 de julio se llevará a cabo una audiencia de oposición en el caso de la demanda presentada por parientes Miguel Martínez Morales -el ex jefe del Centro de Gobierno de Guatemala -contra los periodistas Sonny Figueroa y Marvin Del Cid. En dicha audiencia, los comunicadores podrán alegar sobre las razones por las cuales no proceden las medidas de alejamiento otorgadas en favor de las demandantes.
Las parientas de Martínez Morales -su madre, María Luisa Morales Gatica de Martínez, y la hermana del exfuncionario, Claudia Ivonne Martínez Morales – denunciaron a los periodistas por coacción y violencia en contra de la mujer en su manifestación psicológica y también señalaron que los denunciados podrían pertenecer a una banda del crimen organizado que pretende extorsionarlas o secuestrarlas, y pidieron la aprehensión inmediata de los señalados. La acción de las familiares de Martínez se produce luego de que Figueroa y Del Cid publicaron dos investigaciones periodísticas sobre la adquisición de propiedades lujosas en meses recientes por parte de un funcionario del actual Gobierno, en favor de la familia Martínez Morales.
Las denunciantes se amparan en la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer, que contempla disposiciones de rápida aplicación, como las medidas de alejamiento, en protección de las víctimas. Sin embargo, esta ley no constituye el marco legal adecuado para que un juzgado determine si corresponde o no el alegato de estas presuntas víctimas, ya que en su articulado dicha norma establece que las manifestaciones de la violencia psicológica o emocional se producen cuando se busca intimidar, menoscabar la autoestima o controlar a las mujeres, lo cual, a todas luces, no es el caso de las investigaciones periodísticas que buscan fiscalizar actos de funcionarios públicos.
Aunque los presuntos hechos denunciados no encuadran en este tipo delictivo, la demanda fue acogida por la Fiscalía de la Mujer del Ministerio Público y también por un juzgado de turno de femicidio, cuya titular, Michelle Dardón Aguilera, dictó medidas de alejamiento en favor de las familiares de Martínez, con base en una notificación falsa, recibida por una persona desconocida en un inmueble que no es propiedad o está habitado por alguno de los periodistas demandados. Estas actuaciones son del conocimiento de las organizaciones internacionales de Derechos Humanos, conscientes ya del uso malintencionado de la mencionada ley para criminalizar periodistas, defensoras y defensores de derechos humanos, con la complicidad de operadores del sistema de justicia guatemalteco.
En su alegato de oposición, los periodistas y su abogado defensor recordarán ante juez lo estipulado en el Artículo constitucional 30, el cual establece que todos los actos de la administración pública son públicos, así como en el Artículo constitucional 35. Libertad de Emisión del Pensamiento, donde consta que: “No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos (…)”. Dicho artículo establece un mecanismo para dirimir si un funcionario público considera que las publicaciones en las cuales se le alude son infundadas o inexactas. También se fundamentarán en los artículos 1 y 5 de la Declaración de Chapultepec, así como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración de principios sobre libertad de expresión.
La Red Rompe el Miedo Guatemala manifiesta su solidaridad hacia los periodistas criminalizados y exige a las autoridades del Ministerio Público y del Organismo Judicial no prestarse a los intereses de quienes buscan criminalizar a periodistas y otros defensores de derechos humanos.
Guatemala, 12 de julio de 2021.
Ya hay +30 personas voluntarias en la Red
Puedes unirte a la Red Rompe el Miedo Guatemala y aportar para mejorar la situación de seguridad de tus colegas.
Nuestras Organizaciones
