Acciones recientes en contra del periodista Juan Luis Font Monzón continúan develando cómo el estado guatemalteco es instrumentalizado para perseguir a quienes desarrollan un ejercicio periodístico crítico e independiente, pero también para enviar un mensaje intimidatorio hacia la prensa en general. Esta vez, a solicitud de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal decretó medida precautoria de arraigo contra el periodista, quien fuera acusado por Alejando Sinibaldi, ex Ministro de Comunicaciones y Obras Públicas, de haber recibido sobornos a cambio de no publicar informaciones que perjudicaran al exfuncionario. La orden de arraigo ha sido dictada, aunque el periodista ni siquiera ha sido ligado a proceso, lo cual es ilegal.
El periodista Font negó que incurriera en tales prácticas y señaló que es muy fácil comprobar lo contrario, pues durante el tiempo señalado los medios los que él laboraba, el Periódico y ContraPoder, publicaron una serie de reportajes mediante los cuales se reflejaron las dudas y cuestionamientos sobre la adjudicación de la obra pública durante la gestión de Sinibaldi, ya que hubo evidencia de concursos simulados, ausencia de registros de precalificados y sobrecostos en las obras. Además, Font Monzón públicamente puso a la disposición del Ministerio Público toda la información que contribuya a esclarecer los señalamientos en su contra. Sin embargo, y aún cuando en el expediente en su contra no hay pruebas de lo señalado y cuando aún no ha sido siquiera ligado a proceso judicial, la FECI, otrora baluarte de la lucha contra la impunidad, y el juzgado que conoce el caso actúan rápida y desproporcionadamente contra el periodista.
No es la primera vez durante el gobierno de Alejandro Giammattei que se dicta una orden de arraigo contra un periodista, para afectarlo. Actualmente, aún existe orden de arraigo que perjudica al periodista Sonny Figueroa, aunque el proceso en su contra fue desestimado hace casi un año. El periodista y su abogado han realizado varios trámites ante el Organismo Judicial y el Ministerio Público, pero sin hallar respuestas. El estado guatemalteco continúa con estas prácticas ilegales, a pesar de que en octubre pasado la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH/OEA le recordara que su deber es “brindar a la prensa las más altas garantías para ejercer su labor de forma libre, segura e independiente, ya que son las y los periodistas quienes mantienen informada a la sociedad y contribuyen a la consolidación y el fortalecimiento del Estado de Derecho”, argumentó.
La Red Rompe el Miedo Guatemala (RRMG) condena estas acciones emprendidas por el estado guatemalteco contra Juan Luis Font, violatorias del debido proceso, que obstaculizan la libertad de prensa y la difusión de información sobre los asuntos públicos. Asimismo, hace un llamado al Procurador de los Derechos Humanos para que brinde la atención necesaria al periodista agredido. Finalmente, la RRMG solicita a la comunidad internacional seguir con detenimiento la situación que enfrenta Juan Luis Font Monzón y pide en especial a los organismos de derechos humanos que velan por el cumplimiento de los compromisos del estado guatemalteco en materia de libertad de expresión pronunciarse por este caso.
Guatemala, 6 de diciembre de 2021.
