La Red Rompe el Miedo Guatemala (RRMG) recibe con satisfacción la decisión del Ministerio Público de desistir de las acciones promovidas contra periodistas y columnistas de elPeriódico, por publicaciones realizadas en el ejercicio de su labor informativa.
La Red Rompe el Miedo Guatemala (RRMG) recibe con satisfacción la decisión del Ministerio Público de desistir de las acciones promovidas contra periodistas y columnistas de elPeriódico, por publicaciones realizadas en el ejercicio de su labor informativa.
Este caso se convirtió en uno de los ejemplos más emblemáticos de la criminalización del periodismo en Guatemala. Durante más de tres años, periodistas y columnistas enfrentaron incertidumbre jurídica, desgaste emocional, afectaciones personales y profesionales e incluso el exilio, como consecuencia de una investigación impulsada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), que pretendía trasladar al ámbito penal hechos relacionados con el ejercicio de la libertad de expresión.
El desistimiento de esta acción constituye un reconocimiento implícito de que el derecho penal no puede utilizarse para perseguir a personas periodistas ni para intimidar a quienes ejercen el derecho a informar y opinar sobre asuntos de interés público.
Sin embargo, la RRMG recuerda que el daño ya fue causado. Este proceso provocó miedo, autocensura, exilio forzado de periodistas, afectaciones económicas y un profundo deterioro de las garantías para el ejercicio de la libertad de expresión en Guatemala. Además, formó parte de un patrón más amplio de criminalización contra periodistas, medios de comunicación y personas operadoras de justicia durante la administración encabezada por Consuelo Porras y por la FECI, dirigida por Rafael Curruchiche.
La RRMG considera que el desistimiento representa una oportunidad para que el Ministerio Público marque una ruptura con prácticas que instrumentalizaron el sistema de justicia para perseguir voces críticas y que contribuyeron al deterioro de la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de garantizar la legalidad y los derechos fundamentales.
Por ello, exhortamos a la Corte de Constitucionalidad a resolver el expediente conforme a los estándares nacionales e internacionales de libertad de expresión y a consolidar un precedente que impida la utilización indebida del derecho penal contra periodistas por publicaciones vinculadas a asuntos de interés público. Asimismo, instamos al Ministerio Público a identificar a los y las culpables para ser juzgados y sancionados por incurrir en falsa denuncia; así como revisar otros casos de criminalización contra periodistas que permanecen abiertos y a adoptar medidas concretas para garantizar el acceso a la justicia de quienes han sido víctimas de agresiones por ejercer su labor informativa.
La democracia requiere una prensa libre, crítica e independiente. Ninguna sociedad puede fortalecerse cuando informar se convierte en motivo de persecución.
Informar no es delito.
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