El 28 de septiembre pasado, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala (CSJ) instruyó al Ministerio Público para que investigara la posible comisión de delitos por la publicidad y utilización del testimonio de un colaborador eficaz, publicado por el diario elPeriódico, en un caso donde se señala a la Fiscal General, Consuelo Porras, de beneficiar a personas allegadas a su despacho, a cambio de presuntas dádivas. Se le instruye al MP además investigar “cualquier ora cosa relacionada con la obtención y divulgación de dicha información”.
Esta resolución de la CSJ abre la puerta para que una Fiscal general señalada, con la complicidad de la misma Corte, invalide el testimonio que se constituye en prueba de convicción para el juez que analice el caso, pero. también para penalizar a quienes se vean involucrados sólo en la obtención del testimonio, incluido en un expediente del MP, sino que además en su divulgación; es decir, no solo el medio que la publicó sino quienes lo reprodujeron.
La Constitución Política de la República de Guatemala establece que es libre el derecho a las fuentes de información (Art. 35), pero que además se garantiza el secreto profesional, en aras del interés ciudadano. Además, en materia de jurisprudencia internacional sobre Libertad de Expresión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha concluido que “las expresiones, informaciones y opiniones atinentes a asuntos de interés público, al Estado y sus instituciones gozan de mayor protección bajo la Convención Americana, lo cual implica que el Estado debe abstenerse con mayor rigor de establecer limitaciones a estas formas de expresión”, y agrega que: “En una sociedad democrática, dada la importancia del control de la gestión pública a través de la opinión, hay un margen reducido a cualquier restricción del debate político o de cuestiones de interés público”. Es decir, que contra las limitaciones existentes en materia de libertad de expresión se protege especialmente aquellas informaciones y opiniones críticas del actuar de funcionarios públicos.
El cumplimiento de lo solicitado por la CSI implicaría una restricción a periodistas y medios de publicar documentos de interés social sobre la gestión de funcionarios públicos, con el consecuente efecto de limitar los derechos de informar y ser informados, y otros nocivos efectos para la democracia, pues limitaría también. el derecho de la opinión y la libre circulación de ideas. Además, evidencia de nuevo que las y los periodistas y medios están bajo asedio en Guatemala.
La Red Rompe el Miedo rechaza lo actuado por la Corte Suprema de Justicia y por la Fiscal General, Consuelo Porras, y exige que no se vulnere de esta manera el estado de derecho en Guatemala.
Guatemala, 30 de septiembre de 2021.
