Mediante un tweet publicado el 26 de marzo pasado, se aseguró desde las cuentas del Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) ¹ y luego del Secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Kevin López Oliva (@KLopezOliva): “Garantizamos la libertad de expresión como un principio fundamental para la existencia de una democracia. A diferencia de naciones que sí han limitado la descarga de aplicaciones que promueven publicaciones infundadas y pueden afectar a la población”.
Al respecto, las organizaciones que integramos la Red Rompe el Miedo Guatemala, señalamos el doble discurso que enfrenta la libertad de expresión en el país, dado que por un lado, desde el Gobierno central se emiten declaraciones garantistas, mientras que por el otro se observa, desde los distintos ámbitos y niveles de gobierno, ataques sistemáticos a la libertad de prensa así como la permisividad de condiciones adversas para el ejercicio de ésta. como lo muestran los siguientes casos:
La impunidad en materia de violencia contra periodistas propicia un clima donde persisten las agresiones en contra de ellas y ellos. Solo en los tres últimos días podemos mencionar varios ejemplos de esta situación preocupante en Guatemala. El 22 de marzo pasado, un tuit alertó sobre la existencia de una nueva denuncia penal contra el periodista Juan Luis Font, esta vez presentada por exministro de Comunicaciones y Obras Públicas, Alejandro Sinibaldi, quien lo acusa de “asociación ilícita y colusión”2 Esta nueva denuncia se suma a otras acciones penales recientes y en curso contra el periodista, quien puede verse además muy perjudicado por la salida reciente del país de la jueza Ericka Aifán, quien era la juzgadora en el caso anterior contra Font y representaba una promesa de verdadera justicia para el periodista.3
Otro de los casos de intimidación contra la prensa se produjo el 23 de marzo pasado, cuando el juez Edwin Ramírez, quien conocía sobre las acusaciones contra ex patrulleros por una masacre ocurrida en Alta Verapaz durante el enfrentamiento armado interno, restringió el acceso de la prensa a la Sala de Mayor Riesgo D, donde se realizaba la audiencia. Además, solicitó a los agentes de seguridad del Organismo Judicial presentes que pidieran documentos de identificación a los periodistas y advirtió a los comunicadores sociales que los demandaría si las publicaciones realizadas no se apegaban a sus resoluciones. Ya el 9 de febrero de 2022, la Asociación de Periodistas de Guatemala denunció restricciones impuestas por el Tribunal de Mayor Riesgo D a los periodistas María José España y Santiago Botón, a quienes se impidió el acceso a una diligencia judicial realizada el día anterior en una base militar, por la desaparición forzada de tres personas durante el enfrentamiento armado (1983) y cuyos cadáveres yacen supuestamente en el lugar.
El medio Prensa Comunitaria también denunció que el 26 de marzo agentes de la Policía Nacional Civil intimidaron al periodista comunitario Francisco Lucas Pedro, a quien fotografiaron sin explicación en un operativo de control, instalado entre los municipios de Santa Eulalia y San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, en el lugar conocido como Yayk itx.
Asimismo, la semana pasada se conoció de un nuevo caso penal y una orden de detención contra el periodista Carlos Choc Chub, periodista Maya Q’eqchi, colaborador de Prensa Comunitaria. Trece agentes de la Policía Nacional Civil PNC, que participaron en el operativo de desalojo de la resistencia anti minera en El Estor los días 22 y 23 de octubre de 2021. denunciaron a Carlos Choc por el delito de instigación a delinquir, responsabilizándolo por golpes y lesiones supuestamente sufridas durante el operativo.
A estos casos se suman múltiples denuncias recientes de periodistas por denegatoria de información relacionada con antecedentes de funcionarias y funcionarios públicos, con el argumento de que lo solicitado constituye información de carácter personal.
Un caso que ejemplifica otro obstáculo al ejercicio periodístico, fue el del medio digital Vox Populi, a raíz del ataque cibernético que sufrió el 25 de marzo, después de haber publicado una pieza de investigación sobre la adquisición de propiedades de lujo por los tres hijos del presidente Alejandro Giammattei. El sitio web del medio recibió cerca de 45 mil visitas desde países como Iraq y Turquía, lo que provocó que no hubiera acceso durante dos horas. Además, fue suspendida la cuenta de Twitter del periodista Marvin Del Cid y sancionada la cuenta de Vox Populi durante casi dos días, después de publicar el resultado de dicha investigación.
Como se puede observar, los anteriores casos contradicen la declaratoria del Gobierno en relación a “garantizamos la libertad de expresión”, pues no solo pretende ignorar los sucesos, sino que tampoco reconoce su responsabilidad frente a los ataques a periodistas, de manera directa e indirecta, pues lejos de garantizar el ejercicio pleno de la libertad de expresión el Estado guatemalteco incumple con sus obligaciones y recomendaciones emitidas al respecto por organismos internacionales, lo cual conllevó a que recientemente el gobierno fuera mal calificado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
La Red Rompe el Miedo Guatemala denuncia estos atropellos ante la comunidad nacional e internacional de defensa de los derechos humanos y exige al Estado guatemalteco y a su titular, Alejandro Eduardo Giammattei Falla, realizar un esfuerzo genuino por garantizar el ejercicio de las libertades de expresión y de prensa.
Guatemala, 28 de marzo de 2022.1 https://twitter.com/Guatemala Gob/status/1507903256135356416 2 https://twitter.com/cmendeza/status/1506436629665402882?s=24&t=zP4snZUgnLo109eJ9g7S-Q
3 Véase nota “La jueza Erika Aifán renuncia al cargo por amenazas y presiones” https://www.prensacomunitaria.org/2022/03/a-jueza-erika-alfan-renuncia-al-cargo-por-amenazas-y presiones/
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