La Red Rompe el Miedo Guatemala se pronuncia ante la denuncia penal presentada por Alejandra Carrillo, directora del Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito (IDV) contra Oscar Clemente Marroquín, director general y Pedro Pablo Marroquín, director de La Hora, por el delito de violencia contra la mujer.
Carrillo fue nombrada por el expresidente Jimmy Morales como directora del IDV. Su gestión ha sido señalada de numerosas anomalías, al punto que, en dos ocasiones -ambas en junio de 2021-, las instalaciones de la institución fueron allanadas por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).
En la denuncia Carrillo se ampara en la Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer, aduciendo que La Hora, de forma sistemática y periódica ha realizado publicaciones tendenciosas con el ánimo de faltar el respeto a su calidad de mujer y que han causado daño psicológico en su persona.
El artículo 30 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que todos los actos de la administración son públicos, que las actuaciones de los funcionarios y empleados públicos están sujetos al escrutinio y a la auditoría social, en tanto que el artículo 35 protege la libertad de pensamiento sin censura ni licencia previa y establece que no constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos.
La Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer es resultado de luchas. históricas para la protección de las mujeres en contextos de relaciones desiguales de poder; por lo que rechazamos su uso malicioso por parte de funcionarias públicas valiéndose de su condición de género para criminalizar a quienes ejercen el periodismo, evadir la rendición de cuentas ante el pueblo e impedir que se haga justicia en casos de corrupción.
La RRMG demanda al Ministerio Público que cumpla con su deber de investigar los delitos de acción pública con objetividad, imparcialidad y apego al principio de legalidad; y al Organismo Judicial a que no se preste al uso indebido del derecho penal contra quienes ejercen la libertad de pensamiento y de expresión por medio de la prensa, desvirtuando el aún frágil sistema de protección de las mujeres.
Guatemala, 27 de agosto de 2021.
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