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La Red Rompe el Miedo Guatemala exige al Estado de Guatemala que cumpla la sentencia de la CoIDH en favor de cuatro pueblos indígenas sobre su derecho de acceso a frecuencias radioeléctricas

Foto: Sobrevivencia Cultural
Foto: Sobrevivencia Cultural

La Red Rompe el Miedo Guatemala (RRMG) exige al Estado de Guatemala que cumpla con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), emitida el 06 de octubre de 2021, relacionada al cumplimiento del derecho de ejercer libremente el derecho a la libertad de expresión y los derechos culturales a través de sus radios comunitarias de los pueblos Maya Kaqchikel de Sumpango, en Sacatepéquez; Maya Achí de San Miguel Chicaj, en Baja Verapaz; Maya Mam de Cajolá, en Quetzaltenango, y Maya Mam de Todos Santos Cuchumatán, en Huehuetenango.
 
En la sentencia “Pueblos Indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango y otros Vs. Guatemala”, la CoIDH ordenó al Estado:
 

  1. Crear un procedimiento para la obtención de las licencias de radio comunitaria Indígena que sea simple y gratuito.
  2. Reservar parte del radioeléctrico para las radios comunitarias indígenas
  3. Adoptar medidas legislativas para la obtención de licencias de radios comunitarias particularmente las radios comunitarias Indígenas como categoría especial de medio.
  4. Permitir que las cuatro comunidades indígenas víctimas en el caso operen libremente sus radios comunitarias mientras se reforma la ley.
  5. El cese de la criminalización contra las radios comunitarias Indígenas. 
     
    Sin embargo, un año después de emitida la resolución, el Estado ha evidenciado su total desinterés por cumplir con las medidas de reparación que garanticen el derecho que tienen los pueblos indígenas de “acceso a la obtención y explotación de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, para promover la defensa, desarrollo y difusión de sus idiomas, tradiciones, espiritualidad y cualesquiera expresiones culturales”, como también lo señaló l­­­­a Corte de Constitucionalidad, en una sentencia de 2012.
     
    La RRMG condena enérgicamente el desacato del Estado a la sentencia de la CoIDH, por considerar que afecta gravemente la libertad de expresión de la ciudadanía, particularmente de los grupos históricamente excluidos, como es el caso de los pueblos indígenas, lo cual contribuye al deterioro de la democracia y el debate público.
     
    Guatemala, 6 de octubre de 2022.