El miércoles 1 de septiembre pasado, a eso de las once de la mañana, la periodista Ana Chen acudió frente al edificio municipal de El Estor, Izabal, para cubrir una manifestación de presuntos comunitarios, en demanda de la reparación de un tramo carretero. Como parte de su acción periodística, la periodista se disponía a tomar fotografías, cuando fue rodeada por más de 10 manifestantes, quienes intentaron despojarla de su celular. La periodista resguardó su aparato, se identificó con el gafete que portaba, dijo a quienes la intimidaban que únicamente pretendía cumplir con su función periodística y preguntó con quién debía hablar para conocer más sobre los motivos de la manifestación.
Como respuesta, uno de los comunitarios le quitó violentamente su gafete de prensa, mientras otro le retiraba de la cabeza el sombrero que llevaba y se lo colocaba a otra persona. Ante la insistencia de ella, el sombrero le fue devuelto, pero luego le dijeron que ella no podía abandonar el grupo y debía acompañarlos como parte de la manifestación. Momentos después, uno de los manifestantes le quitó nuevamente su sombrero y lo tiró al suelo, mientras otros la empujaban. La periodista explicaba cuál era el objetivo de su presencia en el lugar y solicitaba entrevistar a alguno de los comunitarios, pero como respuesta, los manifestantes la insultaban. La periodista Chen logró capturar algunas imágenes de la protesta, mientras seguía siendo rodeada y amenazada por los manifestantes. Finalmente, aprovechó que la llegada de funcionarios municipales distrajo la atención de estos y logró retirarse paulatinamente del grupo..
Estos hechos de violencia sucedieron frente a la mirada de tres agentes de la Policía Nacional Civil apostados frente al edificio municipal, que no reaccionaron para proteger a la periodista, como debiera ser frente el compromiso asumido internacionalmente por el estado de Guatemala, sobre todo con respecto a la obligación específica de los Estados de: “garantizar que periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa en el marco de manifestaciones públicas y situaciones de alta conflictividad social no sean detenidos, amenazados, agredidos o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su profesión”. Condenamos la inacción de los agentes estatales y solicitamos a la Fiscalía de Delitos contra Periodistas del Ministerio Público investigar estos actos violentos contra la periodista y deducir las responsabilidades correspondientes, incluyendo las referidas a la inacción de los agentes estatales.
Guatemala, 2 de septiembre de 2021.
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