La Red Rompe el Miedo Guatemala condena la criminalización en contra de los periodistas Óscar Clemente Marroquín Y Pedro Pablo Marroquín, propietarios del diario La Hora, a quienes Alejandra Carrillo, directora del Instituto de la Víctima, acusa por violencia contra la mujer, a raíz de que el medio publicara investigaciones periodísticas que cuestionan el trabajo de Carrillo al frente de la institución gubernamental.
La resolución dictamina que por seis meses, a partir del pasado 16 de diciembre, los periodistas no pueden “perturbar” a la agraviada o a ninguno de sus familiares, lo cual veda su derecho de libre acceso a las fuentes informativas, hecho grave porque Carrillo es una funcionaria pública obligada a rendir cuentas. Para asegurarse de que el dictamen se cumpla, la funcionaria “será auxiliada por la Policía Nacional Civil en cualquier lugar y momento que ella lo requiera”.
Cabe recordar que con anterioridad a esta resolución, la Fiscalía de la Mujer del Ministerio Público desestimó otra denuncia de Carrillo contra los periodistas, con el argumento de que no existían las causas legales de tal cargo.
Recordamos que la Ley de Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer “tiene como objeto garantizar la vida, la libertad, la integridad, la dignidad, la protección y la igualdad de todas las mujeres ante la ley, y de la ley, particularmente cuando por condición de género, en las relaciones de poder o confianza, en el ámbito público o privado quien agrede, cometa en contra de ellas prácticas discriminatorias, de violencia física, psicológica, económica o de menosprecio a sus derechos”.
De manera alguna dicha ley debe reñir contra lo establecido en el Artículo 35 de la Constitución de la República, que establece la libertad de emisión del pensamiento y tampoco al derecho de libertad de prensa, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993. También hacemos el recordatorio que tal como lo expone la resolución de la fiscalía que rechazó la primera demanda de Carrillo, “aunque hubiese existido algún tipo de abuso por parte de los periodistas este tipo de procesos deben ser conocidos en un órgano especial, debido a que las denuncias contra periodistas se ventilan en un Tribunal de Imprenta”.
Por tal razón, nos solidarizamos con los periodistas ante la resolución del Juzgado de Turno de Femicidio Grupo A, que resolvió amparar a Carrillo, en su alegato de haber sido víctima de violencia contra la mujer en su manifestación psicológica. No es la primera vez que periodistas son denunciados utilizando la Ley de Femicidio , con el fin de censurarlos.
La libertad de expresión es un derecho humano fundamental que propicia el ejercicio de una sana democracia.
Guatemala, 21 de diciembre de 2021.
