El informe de la Red Rompe el Miedo Guatemala revela 32 agresiones contra periodistas en el primer semestre de 2025. La desconfianza en el Ministerio Público y el sistema judicial ha reducido las denuncias a mínimos históricos, consolidando la impunidad y la persecución de la prensa.
La libertad de prensa bajo amenaza
Entre enero y julio de 2025, la situación del periodismo en Guatemala alcanzó un punto crítico. El nuevo informe semestral de la Red Rompe el Miedo Guatemala documenta 32 agresiones contra periodistas, que incluyen dos asesinatos, una desaparición forzada y múltiples formas de violencia: amenazas, ciberacoso, estigmatización y acoso judicial.
Lo más alarmante no es solo el número de ataques, sino el patrón que los atraviesa: la impunidad consolidada en el sistema de justicia.
Impunidad: el sello del sistema judicial
De los 32 casos registrados, solo 3 fueron denunciados ante las autoridades. La cifra revela un colapso en la confianza hacia las instituciones que deberían garantizar justicia.
El informe señala que el Ministerio Público (MP) y jueces del Organismo Judicial no solo desestiman denuncias, sino que en varios casos aparecen documentados como agresores y criminalizadores de la prensa.
Esto significa que los periodistas, en lugar de encontrar protección, enfrentan persecución desde las propias instituciones estatales. En palabras simples: el sistema que debería defenderlos es el mismo que los ataca.
Criminalización y acoso judicial
Una de las tendencias más preocupantes que revela el informe es el uso del derecho penal como arma contra el periodismo. Se documentan casos en los que periodistas son acusados mediante denuncias infundadas, procesos judiciales fabricados o aplicación distorsionada de leyes.
Esta estrategia de criminalización busca desgastar, intimidar y silenciar a la prensa independiente, especialmente a quienes investigan corrupción, crimen organizado o conflictos sociales.
El entorno digital: nuevo campo de agresión
El informe también advierte que las redes sociales se han convertido en un escenario clave de violencia contra periodistas. Net centers, cuentas anónimas y campañas de desprestigio son utilizadas para estigmatizar, difamar y acosar digitalmente a comunicadores.
En el primer semestre de 2025 se registraron múltiples ataques cibernéticos y campañas coordinadas para desacreditar investigaciones periodísticas. La consecuencia es doble: se debilita la credibilidad de la prensa y se erosiona el derecho ciudadano a recibir información veraz.
Mujeres periodistas e indígenas: doble vulnerabilidad
El informe subraya que el 40% de las víctimas son mujeres periodistas, quienes enfrentan violencia diferenciada de género, incluyendo acoso sexual y campañas de desprestigio con connotaciones sexistas.
Asimismo, 12 de los 32 casos corresponden a periodistas mayas, lo que evidencia la doble vulnerabilidad que enfrentan por su labor y por su identidad étnica. En particular, los periodistas comunitarios son los más expuestos, pues trabajan con menos recursos, menor visibilidad y en contextos de riesgo territorial o ambiental.
El Estado como principal agresor
Uno de los hallazgos más graves es que funcionarios públicos aparecen sistemáticamente como responsables de agresiones:
- El Ministerio Público está vinculado a la criminalización y persecución judicial.
- Jueces dictan resoluciones arbitrarias o fabrican casos.
- Agentes de la Policía Nacional Civil y de municipalidades han sido identificados en agresiones físicas, intimidaciones y amenazas.
Esto convierte al Estado guatemalteco en el principal perpetrador de violencia contra la prensa, una realidad que no solo limita la labor periodística, sino que socava directamente la democracia.
Un derecho ciudadano en riesgo
La impunidad y la persecución judicial no solo afectan a los periodistas. Cada agresión contra la prensa representa un golpe al derecho de la ciudadanía a estar informada.
Cuando la justicia no actúa —o peor aún, actúa como agresor—, el resultado es un país donde el periodismo independiente se silencia, y con ello, se limita el acceso de la población a información veraz sobre corrupción, crimen organizado, abusos de poder o violaciones a derechos humanos.
Llamado a la acción
El informe concluye con un llamado urgente:
- Reformas estructurales para garantizar independencia judicial y protección real a la prensa.
- Estrategias de protección integral para periodistas en riesgo, tanto en lo físico como en lo digital.
- Atención diferenciada para mujeres, periodistas comunitarios e indígenas.
- Monitoreo e incidencia internacional, ante un contexto donde el Estado se ha convertido en agresor.
Descarga el informe completo
La Red Rompe el Miedo Guatemala reafirma su compromiso con la defensa de la libertad de prensa y los derechos humanos.
👉 Te invitamos a descargar el informe completo y analizar los hallazgos aquí:
Porque sin periodismo libre, no hay democracia.
