Home News Informes Informe al Derecho a la libertad de expresión en las Américas: un análisis de las medidas estatales de censura

Informe al Derecho a la libertad de expresión en las Américas: un análisis de las medidas estatales de censura

Afectaciones al derecho a la libertad de expresión por medidas estatales de censura en las Américas
Afectaciones al derecho a la libertad de expresión por medidas estatales de censura en las Américas

El informe presentado en la audiencia regional temática titulada “Afectaciones al derecho a la libertad de expresión por medidas estatales de censura en las Américas” durante el 190° Período Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

El informe presentado en la audiencia regional temática titulada “Afectaciones al derecho a la libertad de expresión por medidas estatales de censura en las Américas” durante el 190° Período Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha arrojado luces sobre las crecientes restricciones a los derechos fundamentales en América Latina. El evento fue liderado por 25 organizaciones de la sociedad civil provenientes de siete países: Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, México y Nicaragua. A pesar de las diferencias contextuales en cada uno de estos países, un patrón común de censura indirecta se ha identificado, afectando la libertad de prensa, la libertad de expresión, el acceso a la información y el derecho a la defensa de los derechos humanos.

La Censura en América Latina: Una Realidad Diversa pero Similar

En muchos de los países de la región, el ejercicio de los derechos fundamentales se ha visto comprometido tanto en el presente como en la historia reciente. La libertad de prensa y expresión, en particular, han sido objeto de diversas formas de limitación, las cuales en algunos casos tienen raíces profundas en las prácticas autoritarias. Las organizaciones civiles presentes en la audiencia coinciden en que, independientemente de las diferencias en los contextos nacionales, existe una “hoja de ruta” comúnmente diseñada para socavar la participación pública y la difusión de información relevante sobre los poderes públicos.

Las medidas estatales que limitan la libertad de expresión han adoptado formas cada vez más sofisticadas, en su mayoría indirectas, lo que complica la identificación de la censura de manera clara y abierta. Estas estrategias, aunque sutiles en su ejecución, son eficaces en su objetivo de controlar el flujo de información y, por ende, debilitar la participación democrática. El uso de la censura indirecta, lejos de ser una anomalía, se ha convertido en una herramienta clave para los gobiernos que buscan mantener el control sobre la narrativa pública y restringir la oposición política.

Las Tres Principales Formas de Censura Indirecta

El informe expone tres tipos principales de censura indirecta que han proliferado en la región, y que representan una seria amenaza para el ejercicio libre de los derechos fundamentales en los Estados democráticos:

  1. Estigmatización de los Medios y Defensores de Derechos Humanos: La estigmatización de periodistas, medios de comunicación y defensores de los derechos humanos se ha convertido en una estrategia común para desacreditar las voces críticas del poder. Esta práctica no solo impide la libre circulación de ideas y la denuncia de abusos, sino que también genera un clima de miedo y autocensura entre los actores sociales y los medios. Los gobiernos han recurrido a discursos que califican de “falsos” o “tendenciosos” a los medios de comunicación que cuestionan sus acciones, lo que, a su vez, fomenta un entorno hostil y peligroso para la libertad de expresión.
  2. Control Social a través de las Nuevas Tecnologías: El avance de las tecnologías digitales ha ofrecido a los gobiernos herramientas poderosas para la vigilancia y el control de la información. Las nuevas tecnologías, incluidas las redes sociales, permiten un monitoreo exhaustivo de los ciudadanos y facilitan la creación de sistemas de control social que limitan el acceso a información considerada incómoda por las autoridades. La creciente dependencia de plataformas digitales para la comunicación ha permitido que los gobiernos implementen técnicas de censura más invisibles, como el bloqueo de contenidos, la manipulación de algoritmos y la intervención directa en la circulación de información en línea.
  3. Judicialización de la Libertad de Expresión: La judicialización de la libertad de expresión es otra de las formas de censura indirecta que ha sido destacada en el informe. A través de procesos judiciales basados en acusaciones vagas o ambiguas, los gobiernos buscan criminalizar el ejercicio del periodismo y la expresión pública, especialmente en temas de interés público. La utilización de los tribunales para silenciar voces disidentes o limitar la difusión de información relevante contribuye a crear un ambiente de autocensura, donde los actores de la sociedad civil y los periodistas temen enfrentar consecuencias legales por sus publicaciones.

El Desafío para la Democracia y los Derechos Humanos

Estas formas de censura indirecta no solo afectan la libertad de expresión, sino que también representan una amenaza para los pilares mismos de la democracia. Al restringir el flujo de información y limitar la capacidad de la sociedad civil para cuestionar el poder, los gobiernos autoritarios socavan la transparencia y la rendición de cuentas, elementos esenciales para el funcionamiento de cualquier sistema democrático. Además, al silenciar a los periodistas y defensores de los derechos humanos, se reduce la posibilidad de que se denuncien violaciones a los derechos fundamentales y se debatan públicamente temas de relevancia social y política.

En conclusión, el informe presentado en la CIDH revela que, aunque la censura en América Latina se presenta en diversas formas y con matices particulares, existe una tendencia preocupante hacia el debilitamiento de la libertad de expresión y otros derechos fundamentales. La estigmatización de los medios y defensores de derechos humanos, el control social facilitado por las nuevas tecnologías y la judicialización de la libertad de expresión son solo algunas de las tácticas utilizadas por los gobiernos para frenar la participación ciudadana y la libre circulación de ideas. Frente a este panorama, es esencial que la comunidad internacional y las instituciones regionales como la CIDH sigan vigilantes y trabajen en conjunto para proteger y promover los derechos fundamentales en la región.

Puede ver el informe aquí: